Categoría: Luis Orlando Ortiz Ibanez Fecha de publicación Visto: 114
Si algo ha caracterizado a nuestro actual sistema general de seguridad social en salud es la inestabilidad jurídica que desde sus inicios no ha permitido articular de manera solida una estructura de empresas especializadas y fuertes que garanticen la operación del sistema de manera regular y segura. Por el contrario cabe recordar que la mayoría de las primeras ARS fueron empresas de papel, empresas municipales de garajes, y empresas políticas familiares, que dilapidaron cualquier cantidad de recursos hoy también en el olvido. He aquí el primer gran vacío del sistema en la configuración de un modelo de aseguramiento que abre las puertas a la iniciativa privada pero sin unas reglas de juego muy bien definidas que dimensionara el perfil y el tamaño de las empresas que se requerían para el éxito de la implementación.
Con relación a la estructura y características generales de la empresas que desarrollan sus actividades en el sector salud, veamos ahora especialmente a los proveedores de bienes y servicios, y los mismos prestadores, en cuyo grupo no encontramos ningún tipo de incentivo del estado para el financiamiento o la sostenibilidad de sus operaciones en unas condiciones atractivas y diferenciales a las de otros sectores de la economía que paradójicamente reciben subsidios, beneficios tributarios, o tratamientos especiales en el sector financiero para acceder a créditos de tesorería y recursos de inversión, como se pudiera esperar para estimular las actividades accesorias y complementarias a la prestación de un servicio público vital como la salud, cuyo gasto representa más del 6.1% del PIB. En realidad no es mucho lo que la memoria reciente nos muestre como un esfuerzo del estado en este sentido, salvo la aprobación de un par de zonas francas de salud para varios empresarios privados dedicados a la exportación de servicios que nada aporta al sistema salvo a sus bolsillos particulares.
Los vacios y las fallas en la estructura del sistema, las características de sus empresas con orígenes casi que domésticos, y un modelo de aseguramiento con una economía de mercado, fueron el escenario perfecto para los inversionistas oportunistas y sus capitales golondrinas. Hoy el sistema está lleno de estos que empezaron como clínicas y farmacias de garaje, los mismos que con su filosofía mercantilista siguen a la expectativa y están prestos a migrar sus capitales hacia otros sectores de mayor rentabilidad en el momento que sea necesario. Este puede ser otro punto importante que estamos dejando pasar por alto y cuyo impacto en la financiación del sistema puede ser muy alto sin tener una verdadera dimensión de su participación en el asunto que bien vale la pena empezar a explorar.
En conclusión tenemos a un sistema con unas características financieras de mercado que mueve cerca del 6.5% del PIB del País, el cual que debe ser manejado con la misma prudencia con la que se manejan otros sectores de la economía, sus agentes económicos y sus expectativas. Lo que sorpresivamente nos encontramos desde el ministerio de la protección social es un peligroso juego político en un sector que está al borde del colapso financiero.
El ejercicio es muy sencillo, si a las ya deterioradas relaciones comerciales que existían entre los agentes económicos del sistema de salud y el sector financiero se suma las consecuencias del show mediático del actual Gobierno nacional tras el destapado escándalo de la corrupción con los recobros al Fosyga, la intervención a Saludcoop y los intimidatorios anuncios de mas intervenciones y la reducción de los aseguradores a menos de la mitad las actuales EPSS, las consecuencias no se están haciendo esperar.
Producto de la algarabía del ministerio los bancos han restringido el desembolso de créditos a las EPS e IPS, se han congelado cualquier cantidad de operaciones financieras a los proveedores y prestadores de servicios los cuales están aterrados frente a la posibilidad de que sus clientes sean intervenidos y han desatado una guerra de embargos todos contra todos, solo basta con observar en los últimos dias el aumento exponencial de los procesos jurídicos contra EPS e IPS registrados en los notificadores judiciales de las principales ciudades.
A todas estas en un país como el nuestro no nos sorprende que la pega de todas estas investigaciones tan acalladas repentinamente y que coinciden con el anuncio del ministro de la protección social de la inyección de medio billón de pesos para el saneamiento de la cartera del sector para lo que queda del año, arrojen como resultado el financiamiento de campañas políticas de prestigiosos senadores y representantes cercanos a nuestro actual mandatario, lo que le auguraría un muy mal presagio al gobierno de turno.
Cualquier gobierno sensato tras el descalabro financiero de un sector tan importante como lo es el de la salud, y si perjuicio de los ajustes, investigaciones y medidas a la corrupción que se requiera, pensaría en garantizar la viabilidad económica del modelo a corto plazo mediante un plan de choque con unas políticas de estabilización transitoria, la creación de un fondo de salvamento para mejorar pagos, el otorgamiento de beneficios tributarios a proveedores y prestadores, la promoción de financiamiento barato para adecuaciones hospitalarias y adquisición de tecnología biomédica, la canalización de subsidios a la cadena de producción e incentivos a la inversión privada que soporta la prestación del servicio.
El Gobierno del Doctor Juan Manuel Santos ha heredado los peores males conocidos en el sistema, y estos crecieron tan rápido que acaba estallarle en la cara por referirme solo al sector de la salud, y tiene a un grupo de ministros y superintendentes que parece no entender la magnitud de los problemas, seguirle metiendo más dinero a un sector moribundo no va a ser la solución si no cierran las verdaderas hemorragias que desangran al sector, ojala que los mecanismos que se utilicen para distribuir estos 500 mil millones de pesos no sean como dejar cuidando una heladería con un diabético.