Unicajas-Comfacundi: un nivel muy bajo; Caprecom el "orgullo" nacional

59casos de mortalidad por EDA en menores de 5 años se han reportado en el país en lo que va del año, según el INS.
Lunes, 26 Agosto 2013 11:41

Unicajas-Comfacundi: un nivel muy bajo; Caprecom el "orgullo" nacional Destacado

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En esta tercera entrega del especial "En coma la salud subsidiada de Bogotá" hablaremos de Unicajas- Comfacundi, una de las tres EPS de las que "pende" la vida de los bogotanos y la situación de la estatal Caprecom.

 Un breve vistazo a Comfacundi

Por Diana Balaguera Pérez

Unicajas nació de la unión de 19 cajas de compensación como Comfacopi e Indufamiliar - esta luego se fusionaría con Compensar -, de Cundinamarca y Confiar, de Arauca entre otras pertenecientes a diferentes lugares del país, a las que inicialmente se asociaron más de 1.000 médicos para conformar la primera Entidad Promotora de Salud (EPS) del sector privado.

La brasileña Unimed - empresa cooperativa del sector salud, con gran trayectoria y cubrimiento en su país -, también hizo parte de los socios iniciales de la entidad. Unicajas empieza como Administradora del Régimen Subsidiado de salud en 1996, y en su momento fue el primer y único consorcio constituido con este fin en el país.

A la EPS se le abrió una medida cautelar preventiva en agosto de 2012 y fue prorrogada hasta marzo de 2014. En septiembre de ese año ya el entonces secretario de salud de Bogotá, Guillermo Jaramillo, advertía de los problemas de financiación de la institución y un mes después fallecía en sus instalaciones, a la espera de una orden para diálisis, el paciente José Ángel Chíquiza, hecho que motivó una demanda por parte de la Defensoría del Pueblo contra la entidad.

Un saldo totalmente en rojo

En el ranking de desempeño presentado por la Supersalud a finales de 2012, Comfacundi presenta niveles totalmente bajos en los tres aspectos objeto de medición: respeto a los derechos, evaluación de los usuarios y proceso y resultado de la atención en salud. A marzo de 2013, la EPS contaba con poco más de 97 mil afiliados e incumplía con los dos indicadores de permanencia, de la siguiente manera: margen de solvencia, -8.145.146, y patrimonio mínimo: -14.792.935. Cifras preocupantes.

En cuanto a indicadores de calidad, es rescatable el hecho de que la oportunidad en detección de cáncer del cuello uterino sea del 100%; la solución de quejas antes de 15 días alcance más del 98%; que no haya muertes maternas por cada 10000 nacidos vivos y que la tasa de satisfacción global de los usuarios se haya elevado del 79% al 95% entre el primer y segundo semestre de 2012, aspecto este último que contrasta con la pésima evaluación que los mismos realizan al servicio que presta la institución.

Pero por otro lado, es imposible saber cuántas tutelas se presentaron contra la entidad por la no prestación de servicios POS o POSS, debido a que la entidad no reportó dicha información. Mientras que la media de oportunidad en la asignación de citas de medicina general en las EPS del sector figura en casi tres días, Comfacundi se acerca casi a los cinco, cifras similares para el caso de citas de odontología general. Así mismo, en el caso de solicitudes de traslado de usuarios, la institución supera la media que se encuentra en 2,11% situando la suya en 4,30%, cifra que aumentó considerablemente teniendo en cuenta que en el primer semestre de 2012 se ubicaba en 0,62%.

Así las cosas en el panorama capitalino además de las limitadas ofertas que en materia de Empresas Prestadoras de Salud deben aceptar los afiliados residenciados en Bogotá, éstos tienen que cargar con el lastre de mantenerse unidos a una red desgastada y cada vez más inoperante.

Son los contrastes de la salud en Colombia, como se dijo en la primera entrega de este especial, que hoy concluimos presentándoles el panorama de una no menos crítica EPS: Caprecom, sobre la que Opinión y Salud ya se había ocupado en la edición del reciento 3 de julio y con la cual cerramos este especial.

¿Por qué no intervienen a Caprecom?

A pesar de la crisis que presenta Caprecom no se explica cómo se tomó la decisión de enviar a la EPS a no menos de 190.000 usuarios huérfanos de Humana Vivir y SolSalud en Bogotá que ahora, además de sus enfermedades, "sufren" la pena de estar afiliados a una de las tres EPS con peor percepción entre los usuarios.

Por Gala Marcela Peña A.

En el mes de junio una cadena radial nacional entregaba como primicia la información de la liquidación de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Sin embargo, pasado este tiempo la noticia se quedó en el anuncio.

En cambio se conocieron las órdenes de intervención o liquidación de otras empresas prestadoras de salud que incluso manejaban un menor número de usuarios.

Para algunos analistas y actores del sector, no hay claridad sobre las medidas que ha dejado de tomar el Gobierno con respecto a Caprecom, muy a pesar de que la entidad enfrenta un margen de solvencia negativa que alcanza los $740.000 millones; y sin contar las reiteradas quejas de sus usuarios, la innegable deficiencia en la prestación de los servicios de salud en el sistema carcelario del país, que está a su cargo, y las denuncias de injerencias políticas en su manejo, éstas últimas, de vieja data.

La intervención o liquidación no se dan a pesar de que la misma Superintendencia en varias oportunidades en distintos tiempos ha sometido a la entidad a procesos de vigilancia especial, por sus saldos en rojo, y pese a que el informe del ranking de calificación de la prestación de servicios por parte de las EPS, revelado por el Ministerio de Salud, la ubica como la cuarta entidad peor calificada por los usuarios después de Colsubsidio, Comfacundi y SaludVida.

Contrario a la intervención estatal en ese sentido, una vez aprobada la Ley Estatutaria de Salud, empiezan a escucharse en voz baja versiones que alertan sobre la intención del Gobierno de intervenir Caprecom, pero a través de la reforma ordinaria, con un plan de salvamento que conllevaría asumir el déficit fiscal de la entidad, es decir, volver pública la deuda de más de $700 mil millones.

Los hechos conocidos indican que esto podría suceder. Más aún teniendo en cuenta que es la única EPS pública de carácter nacional que sobrevive, tras la liquidación del Instituto de Seguros Sociales y que su junta directiva está conformada por el ministro de Salud y Protección Social o su delegado, quien la preside, el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o su delegado, ministro del Trabajo o su delegado, un delegado del Presidente de la República, dos representantes de los afiliados con sus respectivos suplentes, uno de los cuales, debe ser de los pensionados y el otro del Régimen Subsidiado en Salud.

No es de extrañar entonces, pero no por eso comprensible para otros implicados en la prestación de los servicios de salud, que ante semejante crisis, se haya por ejemplo decidido, enviar a la EPS de Caprecom, a no menos de 190.000 usuarios huérfanos de Humana Vivir y SolSalud en Bogotá.

Pero esta no sería la primera vez que el Gobierno intenta salvar a Caprecom de sus reiteradas equivocaciones administrativas. Ya en 1997, cuando la deuda de Caprecom sumaba los $120 mil millones, la Asociación Colombiana de Empresas Medicina Integral (Acemi) al conocer que existía un proyecto de Ley en el Congreso para que el gobierno asumiera esa deuda, advertía que "no se pueden crear regímenes especiales que deroguen parcialmente la Ley 100 o Reforma a la Salud y con unos privilegios que carecen de soporte legal".

La cuota política

Hilando delgado la falta de actuación sobre Caprecom por parte del Gobierno, también podría estar relacionada según algunos columnistas y versados sobre el tema, con intereses políticos, pues no es un secreto que la entidad no ha escapado del "tufillo politiquero".

Cabe recordar entonces la disputa ampliamente conocida desde cuando asumió la presidencia del Congreso de la República, entre representantes del sindicato de Caprecom, con el senador Roy Barreras, a quien califican de ser promotor de injerencia política en la entidad, acusaciones que ha negado siempre el congresista.

De vieja data, en la década de los 90 se recuerda la influencia de dirigentes políticos de Córdoba y por ahí también se cuestionó la dirección de Carlos Tadeo Giraldo, durante el Gobierno de Álvaro Uribe.

La entidad tampoco ha sido ajena al desgreño administrativo, a través de tácticas que incluyeron hasta las famosas licitaciones express, y a la voracidad de abogados, jueces y demandantes que cometieron raponazos considerables contra la institución.

Pero, ninguno de estos escenarios ha sido suficientemente convincente para que el Gobierno tome decisiones contundentes sobre Caprecom, entidad que cuenta actualmente con más de 3 millones de usuarios en su EPS con regimen subsidiado, atiende a otros 22.665 pensionados, maneja 4 IPS y atiende la salud del grueso de la población carcelaria en el país.

Habrá que esperar entonces la discusión en el Congreso de la República de la Reforma Ordinaria para saber qué tan ciertas son las intenciones del Gobierno con respecto a Caprecom, o si antes la Super cuenta con el guiño de aprobación para intervenir a la entidad estatal.

Modificado por última vez en Lunes, 26 Agosto 2013 13:03

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