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Estudio de la Universidad CES revela los problemas mentales de desplazados por la violencia

Luego de más de 50 años de conflicto armado se conocían causas del desplazamiento, zonas a donde llegaban los desarraigados, el número de víctimas, de muertos, de lesionados por minas antipersonal, pero no había un estudio profundo sobre salud mental en personas afectadas por ese conflicto.

Teniendo en cuenta lo anterior y con base en la pregunta ¿cuál es la prevalencia de trastornos mentales y por uso de sustancias de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia en Colombia?, el Centro de Excelencia en Investigación en Salud Mental (CESISM) de la Universidad CES hizo la propuesta a Colciencias para adelantar el estudio ‘Salud mental en víctimas de desplazamiento forzado por la violencia en Colombia’ (2015-2016).

La entidad estatal dio su aval y se realizó específicamente en Bogotá (341 personas), Medellín (339) y Buenaventura (337) para un total de 1.017, desplazados no intraurbanos, víctimas de violencia, entre 13 y 65 años.

No sólo se buscaba tener cifras de la realidad de esa población, sino entregárselas a las autoridades nacionales para que adelanten programas de prevención en el consumo de sustancias sicoactivas, de violencia, en suicidio y para quienes ya tengan los problemas que se les hagan intervenciones, pero disminuyendo barreras de acceso. Hacer atención primaria en salud, entrenando previamente a los médicos generales y a otros profesionales de la salud en los centros hospitalarios con el fin de que sepan cómo dar una atención primaria a los afectados y saberlos remitir a hospitales de mayor complejidad.

Guillermo Alonso Castaño Pérez, docente investigador del CESISM explicó que se eligieron esas tres ciudades por ser las mayores receptoras de desplazados forzados, de acuerdo con estadísticas del DANE.

En el estudio se encontró a personas que sufrían con mayor frecuencia problemas como la fobia específica y fobia social; trastornos de ansiedad generalizada, estrés postraumático, distimia (trastorno depresivo persistente), trastorno afectivo bipolar, en menores de edad trastorno de déficit de atención, negativismo desafiante (no hacer caso a la norma, ni a la autoridad) y trastornos de conducta, ideación, planeación e intento suicida.

En los adolescentes la ideación suicida tuvo un predominio cercana a 12 por ciento, la planeación fue de 7,5 por ciento y el intento llegó a 5 puntos en el último año. En los adultos los casos fueron menores

En drogas, aparte de encontrarse el uso de alcohol y tabaco, se halló el consumo de cocaína, basuco, marihuana y sustancias inyectables como la heroína.

“Esta población debido a todos los traumas a los que se expuso, tiene prevalencias de trastornos mentales más altos que la población general. Con respecto al consumo de drogas también en algunas sustancias, prevalencias de consumo más altos que la población general”, concluyó Castaño Pérez.

Asuntos que se destacan

Un aspecto que llamó la atención del grupo de investigación es que en esta clase de población las causas de todos esos trastornos mentales estuvieron relacionados con hechos victimizantes como es el desplazamiento forzado por causas como el despojo de tierras, las amenazas, actos terroristas, presenciar homicidios; masacres, secuestros, tortura, delitos contra la libertad, reclutamiento de menores de edad.

Igualmente, otro asunto que se destaca en la investigación es el aumento del uso del basuco, pues en un estudio hecho a la población general de Colombia, en 2013 la prevalencia era del 0,21 por ciento y en la población desarraigada alcanzó casi 0,5 por ciento. En marihuana en 2013 estuvo en 3,2 por ciento y en este último llegó a 3,27 por ciento.

Además, se supo que en el último año la depresión mayor alcanzó el 7,12 por ciento para los desplazados, pero en la población en general fue de 5,6.

En bulimia sí se notó bajo predominio en adultos en el último año, con 0.35 por ciento. Se vieron otros trastornos alimentarios, pero el grupo investigador no analizó más problemas físicos en esos desplazados encuestados.

El médico Guillermo Alonso manifestó que es preocupante lo relacionado con el suicidio ya que son altos los índices de ideación, planeación e intento en los adolescentes, más que en los adultos, por lo cual es importante que las autoridades en salud hagan alguna clase de intervención, especialmente las estatales porque esas personas seguirán con ese tipo de comportamientos a lo largo de su vida con el agravante de que en algún momento se logre la consumación del hecho.

El grupo investigador de salud mental de la Universidad CES recomienda a las autoridades nacionales hacer en esta población una intervención mucho más estructurada para la atención de los problemas mentales, pues la que se ha dado es con sicólogos y trabajadores sociales, por corto plazo, cuando en muchos casos estas personas requieren fármacos por la severidad de los trastornos y de otras enfermedades mentales.

“A futuro en esta época del posconflicto podemos tener muchos problemas con este tipo de población, que para 2018 según cifras de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) hay 7,7 millones de personas que habían sido víctimas de desplazamiento forzado”, sostuvo el investigador.

Entre las barreras en salud mental que más se les presentan a esos desarraigados están la dificultad para consultar por tener bajo nivel de escolaridad de muchos de ellos. También, la poca disponibilidad de siquiatras en el territorio nacional y la falta de servicios de salud mental en el país, la tramitología para acceder a los mismos.

De igual modo, se incrementa la dificultad para quienes habitan en zonas rurales lejanas de las ciudades capitales y peor aún, para quienes al reintegrarse a sus lugares de origen no cuentan con un siquiatra cercano.

No siento poco lo anterior, las citas se dan en una plazo amplio por no haber suficiente disponibilidad de siquiatras.

Un problema adicional es el bajo acceso a los medicamentos y la imposibilidad de dar el copago por dificultades económicas.

El Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado (PAPSIVI) surgió por la Ley 1448 de 2011, en la cual se hacen recomendaciones para mejorar la salud mental de esas personas con intervenciones de fondo y a largo plazo. Sin embargo, han pasado casi ocho años y se queda corto el Estado para lograr buenos resultados en la entrega de servicios a esa población, se ha concluido en la investigación de la Universidad CES.

Una sugerencia es que no sólo se limite a hacer la atención en los lugares donde están los desplazados en las grandes ciudades, sino que sea en sus lugares de origen de manera que cuando vuelvan a sus tierras, puedan seguir con los tratamientos, bien sea presencialmente o por telemedicina.

Cabe anotar que la investigación la realizaron ocho profesionales de la salud entre siquiatras, médicos especialistas en adicciones, sicólogos, epidemiólogos, salubristas con un grupo muy grande de encuestadores

Debido a que en la encuesta se hacían algunas preguntas en las que los indagados volvían a recordar los hechos dolorosos de violencia y podrían entrar en crisis, el equipo de trabajo fue entrenado para saber manejar la situación y se contó con un siquiatra para atender a esas personas en principio y luego remitirlas a un centro de salud mental para que realizaran un tratamiento en caso de ser necesario, de este modo no se iban a revictimizar.

El estudio fue presentado a autoridades nacionales, regionales y locales, las cuales dijeron que ya iniciaron una intervención al respecto.

Luisa Fernanda Rodríguez Jaramillo
Luisa Fernanda Rodríguez Jaramillo
Comunicadora social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (Bogotá) y especializada en orientación profesional y ocupacional de la Universidad Francisco de Paula Santander (Cúcuta).

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