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Los subsidios, una papa caliente en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022

El debate está abierto. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez lo centró, “El pueblo colombiano no puede vivir de subsidios, en eso radica la importancia de definir una hoja de ruta para el sector empresarial”.

Según datos de Planeación Nacional, los mismos que sirven de sustento para la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, entre el 2010 y el 2015 el gasto público social anual fue del 9% del PIB (72 billones), dentro del cual en el año 2015 el 7.8% fue para el gasto social; para el sector productivo no hubo asignación, contrario al año 2014 donde recibió el 1.2% de ese PIB.

Para la Vicepresidenta, su hoja de ruta se fundamentaría en cómo disminuir el subsidio social para priorizar los subsidios al sector productivo. Esto se ha ambientado con cifras. Con los recursos del subsidio social de 2015 se hubiese: asumido 5.2 veces el costo de El Metro de Bogotá o 1.4 veces el gasto del sector agrario o se evitaría gastar el 43.2% del presupuesto nacional o se hubiese cubierto 1.4 veces el presupuesto para las obras 4G.

Considera la Vicepresidenta que se dilapidaron valiosos recursos: “El pueblo colombiano no puede vivir de subsidios”, según su parecer. El Estado soporta una gran carga con los pobres según da a entender. Los datos de Planeación Nacional supuestamente le dan la razón; en el año 2015 ese 9% del PIB fue a parar: 24% para educación, 18% para pensiones, 15% para salud, otro porcentaje para subsidios de servicios públicos, para atención de la pobreza y para la atención de la primera infancia. Diríamos nosotros, para cumplir los fines del Estado Social de Derecho.

La pregunta sería: ¿Cómo eliminar tanto o gran parte de ese subsidio social para destinarlo a los sectores productivos? o ¿cómo implementar esa hoja de ruta en beneficio del sector empresarial? Pese a que, gracias a esos subsidios, entre el 2010 y el 2016 salieron de la pobreza 4.3 millones y de la pobreza extrema 2.3 millones.

En 1993 el Banco Mundial recomendó cómo eliminar el gasto social, por lo menos en salud, según receta acogida en la Ley 100 de 1993. El régimen contributivo, en su calidad de solidario, asumiría el gasto del régimen subsidiado, del que no se beneficiaría más del 5% de la población. Sin embargo, en el año 2017 esa población asegurada mediante subsidios superó el 40%, como evidente fracaso del escenario proyectado. La pregunta entre los expertos ha sido: ¿Ha fallado el mercado o han fallado los marcos regulatorios, entre ellos la focalización a través del instrumento Sisben?

Este gobierno, en su Plan de Desarrollo, ha optado por resolver lo último. En algunas acciones del anterior gobierno, ese supuesto así lo corroboró. En 2017 fueron validadas en el Sisben, 37’062.711 personas, pero en los dos años anteriores fueron depurados 543 mil registros; salieron miles de fallecidos, otro tanto que poseía ingresos; miles a los que se les mejoró la vivienda como una de las principales variables y otras mediciones sensibles para excluir pobres, fueron suficientes para comprobar las fallas del instrumento y de comprobar que los pobres son una minoría.

En el Plan Nacional de Desarrollo propuesto, la focalización de subsidios es la ruta. En el Artículo 126 se propone revisar el instrumento, con facultades para el gobierno de definir los elementos técnicos para la focalización en los programas sociales a nivel sectorial y territorial. No obstante, desde el gobierno anterior se venía trabajando en torno a la Versión Sisben IV, en el supuesto de atender los cambios socio-económicos y enfrentar la corrupción que ha rodeado los subsidios o, en últimas, como “una política social moderna conectada con los mercados”. Para ello, impulsó un proyecto de ley denominado “Nuevo Esquema de Subsidios” como forma de regular la política del gasto público en subsidios, con la primacía del subsidio a la demanda, fórmula expresa del modelo neoliberal; es decir, la transferencia de recursos públicos o beneficios económicos a personas naturales o jurídicas, bajo los supuestos de la eficiencia, la calidad y la libre competencia que oferte el mercado. Subsidios además asignados y financiados de conformidad con el marco fiscal de mediano plazo y de conformidad con el presupuesto disponible. Conceptos que la Corte, en sus líneas jurisprudenciales, ha desechado por lo menos en el sector salud y con la salud como derecho fundamental.

Así mismo, se da vía libre a los subsidios productivos, estos sí de oferta, como intervención del Estado en la economía (Artículo 334 de la CN). También en la propuesta del Plan se ha anunciado modificar la Ley 142 de 1994, Artículo 87 numeral 3, relativa a los servicios públicos domiciliarios; no apoyados en la estratificación, sino en el Sisben, para la asignación de subsidios denominados “fondos de solidaridad y garantía”. De ahí el anuncio que se acabará con la estratificación. Podrá ser, además, una novedad los alcances del Artículo 138 titulado “Solidaridad en el sistema de Salud”, donde los pobres o vulnerables, según el nuevo Sisben, recibirán subsidios plenos; los no, deberán contribuir solidariamente al sistema de acuerdo con su capacidad de pago parcial que defina el Sisben.

Una papa caliente en el paquete normativo del Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” que, entiendo, por qué no fue advertido en la campaña electoral del presidente Duque. Muchos “sisbenizados” engañados, que votaron por él, le hubieran negado el “votico”. Su intención es que desaparezcan los pobres luego de aplicado el nuevo instrumento Sisben. “El pueblo colombiano, no puede vivir de subsidios” lo dijo Marta Lucía Ramírez.

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