Alertan posible desvío y apropiación de recursos de la salud por parte de las EPS

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Ante la Corte Constitucional fue radicado un documento de alerta ciudadana que busca que los organismos de control y justicia eviten posibles desvíos de dineros de la salud, al fortalecimiento financiero de las Empresas Promotoras de Salud (EPS).

Representantes de agremiaciones del sector salud, de colectivos de personas que defienden el derecho fundamental a la salud, de asociaciones de pacientes y de la sociedad civil, denunciaron ante el alto tribunal lo que llamaron “la implementación de una serie de normas, impulsadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y orientadas al fortalecimiento financiero de las Empresas Promotoras de Servicios de Salud -EPS- a partir de los recursos públicos, provenientes de la UPC, con los cuales se financia la prestación de servicios de salud de los colombianos”.

Explican los firmantes, entre los que se encuentran agremiaciones médicas, científicas y sindicales, que las directrices del gobierno nacional dadas en los últimos años, que supuestamente persiguen la recuperación del sistema de salud, “plantean que las EPS implanten un modelo de atención para mitigación del riesgo en salud, con base en un Plan de Gestión del Riesgo, cuyos resultados se reflejen en un comportamiento con tendencia a la generación y restablecimiento del equilibrio financiero. “Es decir, que no solo se limita la integralidad de la atención a la simple mitigación del riesgo, sino que se da licencia para que, con recursos de destinación específica para la salud, provenientes de la UPC, se recuperen financieramente las EPS, los incorporen a su patrimonio, en detrimento del bienestar de la población al pasar la salud de ser un derecho fundamental a un negocio donde se lucran unos pocos, socavando los principios del estado social de derecho donde debe primar el derecho fundamental a la salud de las personas, especialmente los niños, niñas, mujeres embarazadas, adultos mayores, discapacitados y toda la población vulnerable”.

LOS DECRETOS

Se refieren entro otros, de manera detallada de los decretos, 574 de 2007 “Por el cual se definen y adoptan las condiciones financieras y de solvencia del Sistema Único de Habilitación de Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Entidades Adaptadas”, en el cual se otorgó 7 años para que las EPS cumplieran con el margen de solvencia.

Así como el decreto 2702 de 2014 que tiene por objeto “Actualizar y unificar las condiciones financieras y de solvencia de EPS autorizadas operar aseguramiento en salud, como los criterios generales para que información financiera reúna condiciones de veracidad, consistencia y confiabilidad necesarias la adecuada y inspección, vigilancia y control’’, destacando el plazo otorgado a las EPS para cumplir los indicadores financieros de permanecía en el SGSSS.

Este decreto fue modificado por el decreto 2117 de 2016 que plantea en su articulado que las EPS tendrán un tratamiento especial podrán acceder a los plazos del presente artículo, siempre y cuando…. asuman un “Modelo de atención orientado a la mitigación del riesgo en salud. La EPS debe acreditar la imolementación del modelo de atención para mitigación del riesgo en salud, con base en un Plan de Gestión del Riesgo, cuyos resultados se reflejen en un comportamiento con tendencia a la generación y restablecimiento del equilibrio financiero, sin afectar en ningún momento la calidad y la oportunidad en la prestación de los servicios de salud a la población
afiliada”.

Por lo que advierten que, “Con esta normatividad también se coarta el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, al otorgar una patente de corso a las EPS para que desarrollen un modelo de atención basado en la mitigación del riesgo en salud que tenga por objeto recuperar el equilibrio financiero de estas empresas , de igual manera se induce a que los estados contables y los indicadores financieros de las EPS, no reflejen la veracidad y la realidad del manejo de los recursos entregados a estas organizaciones y que tienen destinación específica para la salud”.

La obligación de tener una información transparente, real y fidedigna sobre las EPS y el manejo de los recursos entregados a éstas se ve amenazada, por la posibilidad de “ajustar” sus indicadores financieros de permanencia. Todo esto facilita la potencial desviación de recursos públicos y a la vez impide tener de manera veraz una información contable y financiera de los recursos aplicados al “Sistema” General de Seguridad Social en Salud.

Acusan al Gobierno de dar aplazamiento, casi que infinitos a las EPS, para que den cumplimiento a los estándares financieros y de solvencia, lo que impide que se garantice el acceso a los servicios, toda vez que no hay certidumbre sobre la garantía de la gestión del riesgo financiero entregado a estas instituciones.

PIDEN DETENER IMPLEMENTACIÓN

Por eso, solicitaron concretamente a la Corte Constitucional detener la implementación de dicha normatividad, consagrada en varios decretos, pues en su concepto. “atenta de manera evidente al goce efectivo del derecho fundamental a la salud de los colombianos”.

Y evidencian que las tutelas en salud y los incidentes de desacato han aumentado en el año 2017 en relación con los años anteriores, y hoy día la EPS han incluso suspendido o negado  tratamiento de quimioterapia a pacientes con cáncer.

El oficio fue radicado ante la Corte Constitucional en la Sala especial de Seguimiento a la Sentencia T760, que fue la que declaró la salud como un derecho fundamental de los colombianos, está firmado por:

José Ricardo Navarro, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas; Luis Carlos Leal, presidente Asociación Nacional de Internos y Residentes, ANIR; Pedro Contreras Rivera, presidente de ASMEDAS; Femando Guzmán Mora,  Presidente Federación Médica Colombiana -FMC-; Bryan Steven Urrea, presidente Asociación Colombiana Médica Estudiantil -ACOME-; Roberto Baquero Haeberlin, presidente Colegio Médico Colombiano -CMC-; Olga Lucia Zuluaga Rodríguez, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del estado y Hospitales Públicos (Acesi), Luis Alberto Martínez Saldarriaga, Mesa Antioquia por la Transformación del Sistema de Salud; Nelson Contreras Caballero y Pedro Santana Rodríguez de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T760; Carolina Corcho Mejía, Clemencia Mayorga y Fabio Serna de la Mesa Nacional por el derecho a la Salud y la seguridad; Luis Alejandro Pedraza Becerra de la CUT; Julio Roberto Gómez de la CGT; Miguel Morantes Alfonso, CTC; y Mario Esteban Hernández del colectivo Doctorado Interfacultades de Salud Pública – Universidad Nacional de Colombia.

 

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