Consejo de Estado ampara derechos fundamentales de indígenas del Vichada

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El máximo tribunal administrativo del Estado, reconoció los derechos fundamentales a la salud, educación, vivienda digna, identidad étnica y cultural y el derecho a retornar al territorio colectivo de los indígenas del Vichada, después de haber sido desplazados de Cumaribo, su pueblo.

La sección quinta del Consejo de Estado, teniendo como consejera ponente a Rocío Araujo Oñate, confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Meta y además, reconoció mayores garantías al Resguardo Indígena Unuma ubicado en Alto Vichada, en el municipio de Cumaribo.

La acción de tutela la inició la Fundación ONG Genérica Social y Humana como agente oficioso del Resguardo indígena contra la Nación y la Presidencia de la República, por las afectaciones a los derechos fundamentales a los indígenas.

La demanda corrió traslado a autoridades territoriales como la Gobernación del Vichada, la Secretaría de Salud, Alcaldía de Cumaribo, Personería municipal, la EPS Mallamás, Funvivienda y llegó hasta instancias nacionales como el Ministerio de Salud, Ministerio de Interior, Agencia Nacional de Tierras y Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas y el Departamento de Prosperidad Social, DPS.

La decisión fue en consideración del estado de indefensión de la comunidad indígena, de la intención de preservar la etnia  y la grave afectación sistemática de la que son objeto, además del abandono estatal en el que están los miembros de la comunidad.

Los hechos planteados en la tutela manifiestan que las autoridades locales no atienden las solicitudes de la comunidad exigiendo el cambio de la EPS Mallamás debido a que ésta no presta los servicios de atención básica en salud, no les proporcionan atención médica especializada ni los servicios de urgencia a pesar de que éstos se encuentren establecidos como obligatorios en la Ley 715 de 2001; tampoco entrega los medicamentos ni atención prenatal y neonatal.

Además, señala que el alcalde municipal no atiende las necesidades de vivienda, saneamiento básico, educación, seguridad alimentaria y salud de la comunidad, por ello el resguardo y sus integrantes no han podido desarrollar una actividad económica propia que facilite su auto sostenibilidad, por el contrario se encuentran en total abandono estatal, hacinamiento y deterioro nutricional.

La comunidad no puede volver a su sitio ancestral porque éste se encuentra ocupado por grupos armados o está minado y tras solicitudes al Gobierno para que sean reubicados, la administración pública no ha realizado gestiones pertinentes para esta acción.

En la contestación a la demanda, el Ministerio de Salud y la Protección Social y la EPS Mallamás guardaron silencio sobre los supuestos fácticos y jurídicos que la comunidad del Resguardo Indígena Unuma declaró en la tutela.

Sobre la salud

El Consejo de Estado consideró que se vulnera el derecho fundamental a la salud del colectivo étnico, porque aun cuando la EPS Mallamás informó sobre unas brigadas de salud realizadas a 206 afiliados del resguardo, no aportó constancia de esto, además, los miembros de la comunidad oscilan entre los 2000 y la EPS solo reporta 206, lo que indica la falta de cobertura y accesibilidad al servicio. Las excusas de la EPS sobre la ubicación dispersa de estas comunidades no eximen de su responsabilidad de prestar el servicio.

A Mallamás le ordenaron realizar las brigadas de salud trimestrales en la zona del asentamiento del resguardo, en la que debía incluir jornadas de vacunación y valoración odontológica, de medicina general y las especialidades demandadas.

Al alcalde del municipio de Cumaribo, al Gobernador y al Gerente de Mallamás EPS  les ordenaron elaborar planes de aplicación inmediata para protocolos de trato digno e intercultural para implementar en los albergues, clínicas y hospitales, además del modelo de cuidado y prestación e salud de carácter intercultural y enfoque diferencial en el departamento.

El máximo tribunal encontró que se vulnera el derecho a la educación de la comunidad del resguardo Unuma pues no se acreditó dentro del proceso que las entidades territoriales tengan a disposición infraestructura, personal y programas de etnoeducacion para el resguardo.

Sobre vivienda y oferta socioeconómica se ordenaron diversas acciones tendientes al diseño y ejecución de estrategias y asesoría a las autoridades del resguardo, a través de las cuales se logre priorizar e incluir de manera individual y colectiva la etnia en los procesos de otorgamiento de subsidios de vivienda.

El fallo ordena caracterizar la población del resguardo en temas de supervivencia e integridad como la inscripción en el Registro Único de Victimas, la asistencia y reparación integral y los procesos de reubicación y retorno, la afiliación al sistema de salud y la correcta prestación del servicio

Además, el alcalde debe informar a la comunidad sobre el monto, distribución y asignación de los recursos del Sistema General de Participaciones que ha recibido el municipio desde el año 2016 hasta la fecha, y explicar en qué han sido invertidos estos dineros.

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