Contralor y Ministro sobre hallazgos de la Contraloría en Saludcoop  

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En respuesta al Ministro de Salud Alejandro Gaviria, quien se refirió a la ratificación hecha por la Contraloría General de la República de los hallazgos identificados en la EPS Saludcoop en el año 2016, respecto al ejercicio económico del año 2015, cuando la EPS se encontraba en un proceso de intervención administrativa que terminó en liquidación, el contralor Edgardo Maya Villazón dijo “son fiscales, disciplinarios y penales”.

El ministro de Salud, en un comunicado oficial de su cartera, minimizó los hechos ocurridos en la liquidada EPS Saludccop refiriéndose a ellos como un “error contable en el registro de las provisiones”, pero para el ente de control los hechos tienen un alcance fiscal, disciplinario y hasta penal, descartando que se trate, como dice Gaviria, de una confusión contable y como “denunciante calificado anunció que dará trámite a la Fiscalía y la Procuraduría para lo de su competencia.

El contrapunteo entre el Ministro y Contralor se refiere a la auditoría realizada a los estados financieros de la EPS Saludcoop para la vigencia de 2015, donde se confirma el hallazgo fiscal por más de $80 mil millones de pesos contra el ex-interventor de Saludcoop, Guillermo Grosso.

El presunto detrimento patrimonial se dio durante la intervención de Saludcoop en 2015, bajo la dirección de Grosso, quien fue designado agente interventor de este proceso, afirmando el ente de control que éste sobrepasó el tope de recursos destinados a los gastos de administración, dineros que debían haber sido para la prestación de servicios de salud a favor de los afiliados.

En el año 2016 la Contraloría identificó que los recursos recibidos por unidad de pago por capitación durante la vigencia 2015 ascendieron a $2.669.617 millones, mientras que, en el reporte de gastos de administración a la Superintendencia Nacional de Salud, informó gastos de administración por $371.469,6 millones, monto superior al límite establecido por la Ley 1438 de 2011.

En consideración de la Contraloría esta situación implica un manejo irregular de los recursos provenientes del Sistema de Seguridad Social en Salud, atendiendo su naturaleza de recursos de la parafiscalidad, destinados a garantizar el acceso a los servicios de salud de los afiliados; por lo cual, en su momento, dio apertura a una indagación preliminar, que le permitió recaudar mayores evidencias y claridad de las cifras reales relacionadas con los porcentajes que fueron utilizados por encima del límite legal.

Entre los gastos administrativos objetados por la Contraloría se encuentra un contrato por valor de $500 millones de pesos para el alquiler de unas camionetas blindadas, siendo que la EPS, contaba con vehículos para uso del cuerpo directivo; en este caso, concluye el ente investigador, que el pago por concepto de canon de arrendamiento de los bienes muebles, en este caso de los vehículos, se efectuaron por medio de las cuentas exclusivas para el recaudo de las cotizaciones del Régimen Contributivo del sistema de salud.

Sobre la competencia de la Contraloría, para ejercer vigilancia sobre los recursos de la salud, el ente de control fiscal expresa que, “habida cuenta que los gastos administrativos son financiados con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ellos no hacen parte del patrimonio de la EPS, sino que se les asignan condicionados a que se utilicen exclusivamente para los gastos que implica la administración de recursos del

 

 sistema, destinados a organizar y garantizar la prestación del Plan de Salud Obligatorio a los afiliados y por ende la Contraloría General de la República tiene competencia para su fiscalización”.

Aunque el Ministro pretendió minimizar los hallazgos ubicándolos en la categoría de “errores contables”, para la Contraloría lo que hay son hallazgos fiscales encontrados en un marasmo que bien podría considerarse desgreño administrativo, tal y como lo dice el informe de los auditores del informe de Saludcoop .

 

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