Contraloría reporta déficit financiero en la Dirección de Sanidad Militar

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Con información de la Contraloría General de la República

Un análisis de la Contraloría General de la República sobre el manejo presupuestal del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, encontró que el presupuesto del Ministerio de Defensa se convirtió en el salvavidas de la Dirección General de Sanidad Militar (Disan), para tapar el hueco que representa su escasez de recursos, cubrir los gastos requeridos y asegurar así la prestación de los servicios de la salud a su cargo.

Según el organismo de control, “el manejo presupuestal de la Dirección de Sanidad Militar ha permitido flexibilidad en el manejo del gasto, en donde ante la insuficiencia de recursos, se ha recurrido al uso del presupuesto de las Fuerzas Militares (Mindefensa), lo cual se traduce en subsidios que no son revelados y que en circunstancias distintas a la naturaleza jurídica que hoy ostenta la entidad, no serían viables”.

Las normas contenidas en la liquidación del presupuesto nacional tratan los servicios médicos como un caso excepcional, permitiendo que los gastos del último trimestre de cada vigencia se cancelen en la anualidad siguiente.

Tal caso se presentó con los recursos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, en el cual en el período comprendido entre 2012 y 2016 se presentaron gastos por $739.902 millones sin amparo presupuestal (medidos a precios constantes de 2016).

La situación descrita dificulta el control en la gestión de los recursos disponibles para cada anualidad y hace que se ejecuten gastos sin techo presupuestal, lo que afecta el control del gasto, indicó la Contraloría.

Alto costo del personal

militar que trabaja en salud

Otro aspecto que analiza este estudio de la CGR, publicado en el Boletín Macro Sectorial No. 9, es el alto costo que representa el personal militar que labora en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

Dicho personal representa un valor importante con cargo al Presupuesto Nacional, más aún cuando el pago de salarios y demás prestaciones sociales se hace con los beneficios económicos del estatus militar, lo cual lo vuelve más costoso.

En promedio, de 2012 a 2016, el 40% del personal que laboró en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (3.480 personas), correspondió a personal militar en comisión, con un costo anual de $23.443 millones de pesos.

Dicha suma representa el 19% del costo total de personal, lo cual se traduce en un subsidio indirecto, dado que los salarios y prestaciones sociales son asumidos por la Fuerza a que pertenece, con las condiciones salariales y prestacionales propias de la condición de uniformados, en donde se vuelve más oneroso el servicio.

Contratistas prestan servicios para

desarrollar labores permanentes

Otra práctica frecuente en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares es la vinculación de personal mediante el uso de contratos de prestación de servicios, para el desempeño de actividades permanentes, el cual de 2012 a 2016 ascendió en promedio a 3.723 personas, con un costo de $55.049 millones, equivalente al 44% del total del período analizado, circunstancia que representa un alto costo y no permite controlar su número.

Hallazgos que también afectan

sostenibilidad financiera

Un aspecto adicional que afecta la sostenibilidad financiera, y en tal medida el acceso a la prestación de los servicios, son los hallazgos formulados por la CGR en el informe de auditoría practicado para la vigencia 2015 a la Dirección General de Sanidad Militar.

El primer hallazgo está relacionado con la ejecución del convenio interadministrativo 001 de 2015, en donde el Hospital Militar Central, a título de intermediación, realizó un presunto cobro no debido del 9% por dispensación de medicamentos ($3.181 millones).

A esto se suma un incremento injustificado en las tarifas que oferta el Hospital (20% aproximadamente), sin tener en cuenta las recomendaciones del Comité Evaluador de la Dirección General de Sanidad Militar y el estudio de mercado comparado de tarifas, lo que produjo un presunto detrimento patrimonial de $43.276,5 millones.

 

 

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