Corte Constitucional daría última palabra sobre rebaja de aportes de salud de pensionados

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Dado que desde el Congreso de la República se ha manifestado que no aceptarán las objeciones que presentó el presidente Juan Manuel Santos a la Ley, será la Corte Constitucional la encargada de decidir si es viable o no.

Para los congresistas del Polo Democrático, que presentaron la iniciativa, los argumentos dados por el Gobierno nacional en el sentido de que con esta rebaja de aportes se estaría violando el principio de sostenibilidad fiscal, no tienen asidero, y además de que son falsos, son un engaño a los colombianos y una traición a los pensionados pues no se les estaría cumpliendo con la promesa que hizo Santos durante su campaña presidencial.

La Ley que fue aprobado este año en el Congreso y que pasó a sanción presidencial, pero fue objetada, pretende reducir del 12 al 4 % el aporte a salud de los pensionados.

Según cálculos del Ministerio de Hacienda, la rebaja del 12 % al 4 % en los aportes en salud para los pensionados que ganan hasta cuatro salarios mínimos al mes -89 % del total de 2,3 millones de pensionados- suponía un esfuerzo fiscal de 1,3 billones de pesos, pero ya la cobertura para todos implica un déficit superior a los 3 billones de pesos, como quedó en el proyecto de Ley finalmente aprobado.

De ahí que el Gobierno argumenta que “el legislador omitió el deber de garantizar la sostenibilidad financiera de esta modificación al sistema pensional, lo cual constituye una violación directa del mandato contenido en el artículo 48 constitucional modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005, según el cual, las leyes en materia pensional deben asegurar su sostenibilidad financiera”. Y añade que tiene un impacto financiero en el régimen de prima media por reducción del recaudó en cotizaciones y aumento correlativo del pasivo pensional, por lo que “era deber del legislador prever un mecanismo de financiación de la medida adoptada y el incumplimiento de este requisito tiene como consecuencia la inconstitucionalidad de la norma”.

Sin embargo, los del Polo desestiman tal apreciación y que por el contrario fueron rigurosos a la hora de hacer el estudio del proyecto y el propio Ministerio de Hacienda estuvo de acuerdo con la iniciativa. Además, cuestionaron que haya recursos para permitir grados de corrupción altísimos, pero no para beneficiar a los pensionados del país.

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