Fallo que ordena a la Supersalud pagar 85 mil millones de pesos no sería ni tan ‘exótico’ ni tan ‘insólito’

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Hace un mes la opinión pública conoció el fallo sin precedentes que emitió el juez 13 civil del circuito de Barranquilla, en el que ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud a pagar 85 mil millones de pesos a 37 Instituciones Prestadoras de Servicios de Bogotá, Barranquilla, Cali, Valledupar, Santa Marta, Bucaramanga, entre otras ciudades, las cuales resultaron afectadas por el no pago de los servicios prestados a 7 EPS que fueron liquidadas entre 2014 y 2016.

En la sentencia, el juez consideró que la Supersalud es la entidad garante de la prestación de los servicios de salud y como tal debe responder con el dinero del sistema por los incumplimientos de las obligaciones financieras que contrajeron las EPS con las IPS.

“La Superintendencia de Salud es la entidad encargada de habilitar, delegar y autorizar mediante resoluciones administrativas a los representantes legales de las EPS para la administración de los recursos de la salud y es así como estas EPS, por mandato de las normas y de las leyes incorporadas en dichas resoluciones, acatan lo ordenado y contratan la prestación de servicios médicos con las múltiples IPS para la atención de los usuarios (…) Queda claro que entre la Nación (Superintendencia de Salud) y la EPS se genera un vínculo de responsabilidad permanente entre el delegante y el delegado” indicó el juez Libardo León López, durante la lectura del fallo de primera instancia.

En su momento, el superintendente de Salud, Luis Fernando Cruz, cuestionó la decisión al señalar que en este caso la sentencia debió ser proferida por un juez de lo contencioso administrativo y no por uno civil y agregó que es preocupante que la justicia le ordene al organismo de vigilancia y control responder por un pleito entre particulares. En este mismo sentido se pronunció el director de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, quien además calificó el fallo como “exótico y que contradice los principios fundamentales del derecho”.

Como era de esperarse los apoderados judiciales de las entidades estatales demandadas, como la Agencia de Defensa Judicial del Estado, representada por el abogado Wilmar Carreño Torres; la Superintendencia de Salud representada por el abogado Edwin Murcia Mora y Piedad Correa Bedoya y la Procuraduría General de la Nación representada por Adolfo Urquijo Osío presentaron el recurso de apelación y ahora le corresponderá al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla pronunciarse de fondo sobre el caso.

Mientras se conoce el fallo de segunda instancia, que de ratificarse dejaría abierto el camino para que hospitales, clínicas y demás proveedores de las EPS que resulten liquidadas puedan acudir a demandar a la Superintendencia de Salud por las obligaciones financieras no pagadas, se abre el debate entre los agentes del sector sobre las implicaciones de esta decisión judicial, si hubo desconocimiento por parte del juez de las normas que rigen el sistema de salud y si puede considerarse o no como “exótica e insólita”.

De acuerdo con fuentes y analistas consultados por Opinión y Salud, este proceso judicial corresponde a un título ejecutivo complejo, es decir, que entre los documentos que conforman el expediente, que consta de unos 70 mil folios, no solamente figuran los contratos suscritos entre las EPS y las IPS para la prestación de servicios, en los cuales se establece el compromiso de pago por parte del asegurador, sino que también se encuentran las facturas y las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Salud que se configuran como la prueba de la cuantificación y ejecución del contrato por parte de las IPS.

Muchas de las obligaciones que reclaman los hospitales y clínicas demandantes nacieron jurídicamente de la firma de los contratos, en las que el contratante era el agente especial delegado por la Superintendencia de Salud.

No obstante, a pesar de conocer de primera mano la difícil y precaria situación de la EPS intervenida y sabiendo que era posible que los servicios prestados no fueran pagados, el agente interventor conminó a la IPS a la ejecución del contrato. Luego de que se confirmara el descalabro financiero del asegurador, se inició el proceso liquidatario en el que se aceptan las obligaciones dejadas de cancelar mediante las resoluciones de reconocimiento, pero, pese a la existencia de dicho reconocimiento, el pago nunca se hizo efectivo.

Con base en lo anterior y si se tiene en cuenta que las EPS son entidades que representan al sistema general de salud, sistema en el cual la cabeza es el Estado, y que este funge como garante de la prestación del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos, este caso estaría lejos de tratarse de un conflicto entre particulares, como lo han señalado el Superintendente de Salud y el Director de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado.

El Plan de Beneficios en Salud (anteriormente llamado POS) se financia con recursos del Estado que se transfieren en custodia a las EPS para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la prestación de los servicios de salud y seguridad social de los colombianos. El PBS es regulado, dirigido, supervisado y autorizado por el gobierno colombiano, por tanto, las relaciones jurídicas que se dan entre los entes autorizados para la prestación de los servicios corresponden y son responsabilidad del sistema general de salud, a cargo del gobierno.

En consecuencia, la delegación que se hace a las EPS para materializar la prestación del servicio de salud recae exclusivamente sobre la parte logística de la prestación del servicio, por lo que la Superintendencia de Salud, como representante del Estado, no puede desprenderse de la responsabilidad jurídica y material por dicha prestación.

Sobre la competencia del juez

Según lo estipulado en el artículo 622 del nuevo Código General del Proceso, la demanda en contra de la Superintendencia de Salud si debió tramitarse por la vía civil ordinaria:

Artículo 622. Modifíquese el numeral 4 del artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual quedará así:

“4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos”.

De igual forma, el numeral 5 del mismo artículo, que establece: “La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad”

A su vez, un concepto de la Corte Suprema de Justicia en el expediente 110010230000201600178-00 del 23 de marzo de 2017 afirma la competencia del juez civil como juez natural para decidir este tipo de controversias, al excluirlas del ámbito laboral cuando se presentan contratos y/o facturas.

Así mismo, el artículo 422 del Código General Del Proceso establece la competencia del juez civil cuando son “obligaciones expresas, claras y exigibles que constan en documentos que provengan del deudor o de su causante”. Como ya se ha mencionado, en este caso es la Superintendencia de Salud la encargada de autorizar, habilitar e intervenir y en muchas ocasiones es el mismo delegado o interventor quien actúa suscribiendo los contratos con las IPS  para la prestación de servicios y firmando el reconocimiento de obligaciones financieras.

Débil defensa

Todo lo anterior sumado a una pobre defensa por parte de las entidades estatales involucradas en el caso, conllevaron a la decisión del juez de condenar en primera instancia a la Supersalud a pagar la multimillonaria deuda. Opinión y Salud conoció que de las 37 demandas acumuladas, no se presentaron excepciones de mérito contra 3 de ellas. 

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, bajo el encabezado de excepciones de mérito, respondió de forma equivocada a las demandas ya que utilizó un sujeto pasivo diferente al que debía ser, es decir, en todos los  casos se refirió a la EPS Selvasalud, sin tener en cuenta que en los procesos acumulados hay 7 EPS  distintas con presupuestos diferentes, lo que evidencia falta de estudio por parte de la defensa.

Entre tanto, durante la etapa procesal denominada fijación del litigio, las partes, de común acuerdo, consideraron que la jurisdicción era un tema que no ameritaba discusión, porque ya se había tratado en diferentes momentos procesales anteriores, como lo son los recursos de reposición interpuestos por la parte demandada y resueltos debidamente por el juez del caso. Por lo anterior, no se entiende el cuestionamiento que hace el superintendente de Salud, Luis Fernando Cruz, a la competencia del juez para emitir el fallo.

En todo caso, ya está en manos del Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla decidir si ratifica o revoca la sentencia proferida en primera instancia. De ocurrir lo primero, sin duda sentaría un serio y no menos grave precedente para la entidad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control de los actores que conforman el sistema de salud colombiano.

 

 

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