En grave riesgo de desfinanciación está la salud, dicen los gobernadores

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Los gobernadores a través de la Federación Nacional de Departamentos (FND), alertaron sobre el alto riesgo en que está la salud en los territorios debido a que no cuentan aún con los excedentes del impuesto al consumo al cigarrillo, pues el acuerdo al que se había llegado a comienzos de 2018 con el Gobierno Nacional no ha sido cumplido.

En una carta emitida por el presidente de la FND, Carlos Julio González y el director Ejecutivo, Carlos Felipe Córdoba le pidieron al procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, una intervención inmediata con el fin de que las entidades territoriales puedan tener esos excedentes, pues de lo contrario se vería desfinanciada la prestación del servicio de salud, en especial para los beneficiarios del régimen subsidiado.

Igualmente, solicitaron un acompañamiento especial de ese organismo de control para que el Gobierno Nacional entrante permita hacer los ajustes que requiere el decreto 2265 de 2017 que reglamentó la operación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Esa misiva fue presentada ante el despacho del Procurador luego de que los ministerios de Hacienda y Salud se negaron a incluir en un decreto modificatorio alguna medida que le deje a los departamentos invertir en beneficio de sus funciones los excedentes de rentas cedidas que por ley les pertenecen.

Los directivos de la FND recordaron que a comienzos de 2018 el Procurador General exhortó al Gobierno a hacer una revisión integral con el propósito de asegurarse de que el manejo de los recursos por la ADRES se limite a los mandatos de la ley.

Asimismo, en esa carta se le hace una detallada síntesis al Procurador de los esfuerzos hechos por los mandatarios regionales para llegar a un consenso con el gobierno saliente sobre ese asunto de los recursos en mención. Se recuerda ahí que el 15 de enero se llegó un convenio inicial entre las comisiones de los ministerios de Hacienda y Salud y de los departamentos sobre el contenido del nuevo decreto, lo cual no fue cumplido.

Uno de los puntos clave del acuerdo ratificaba que los excedentes (los mayores recaudos) de las rentas cedidas a los departamentos, serían de propiedad de éstos y que sus rendimientos se abonarían a los compromisos de cofinanciación del sistema de salud.

Según la FND en reuniones posteriores celebradas el 24 de enero, el 21 de febrero, el 30 de abril y el 3 de julio, la esencia del acuerdo inicial se fue desvirtuando y la discusión se centró finalmente en la posibilidad de que Gobierno Nacional y entidades territoriales compartieran el recaudo nacional al impuesto al cigarrillo.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público planteó dudas en el sentido de que las reglas sobre el manejo de los excedentes pudieran ser fijadas por decreto, aunque la ley establece que los recursos pertenecen a las entidades territoriales.

La FND dice que de persistir esa situación, los entes territoriales verán seriamente limitada su capacidad para enfrentar problemas urgentes como los que plantean los cobros y de deudas de servicios No POS, así como la necesidad de prestar cabalmente el servicio de salud, “consagrado como derecho fundamental, especialmente a las comunidades más vulnerables que se benefician del régimen subsidiado”.

¿Qué se había acordado?

Es importante decir que se había acordado meses atrás modificar el Decreto 2265 de 2017 expedido el 29 de diciembre de 2017, que reglamenta la operación de la ADRES.

En la reunión de febrero se corroboró que no se establecería la obligación de girar un porcentaje de las rentas monopólicas de los licores.

Se ratificó la obligación, por parte de las entidades territoriales, de no disminuir los valores históricos de cofinanciación. También, que los excedentes en comparación con los requisitos de cofinanciación, “son de los departamentos y los rendimientos financieros se abonarán a los compromisos de cofinanciación”.

En esa reunión el ministro de Salud, Alejandro Gaviria se comprometió a redactar la modificación de ese Decreto, para luego ser remitido a la FND que se encargaría de hacer su socialización y retroalimentación con las gobernaciones.

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