La crisis hospitalaria, un problema de nunca acabar

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Recientemente la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes asumió de nuevo la discusión de la crisis hospitalaria, a la que concurrieron el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Fernando Correa y el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, en la que buscaban una solución definitiva al recurrente tema.

Las intervenciones comenzaron con la participación de Yesid Camacho, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud (Anthoc), quien manifestó su preocupación por la situación en la que se encuentra la salud de los colombianos y en particular por las trazas de deudas no reconocidas y otro tanto de deudas impagables que dejan las medidas de intervención para liquidar, adoptadas por la Supersalud.

Las deudas

En este caso son de ingrata recordación las cuantiosas deudas que dejaron Caprecom, Saludcoop, Solsalud, Humana Vivir y Selvasalud, sin que el Ministerio de Salud, quien es el administrador de los recursos del sistema, plantee una solución de pagos.

Recordó que “más allá de los procesos jurídicos de reconocimientos y conciliación de deudas, que no son más que paliativos y la respuesta reiterada de los funcionarios del Gobierno, es que no tienen responsabilidad a pesar de que estas EPS estuvieron intervenidas por un largo periodo de tiempo por la Supersalud, sin que eso haya servido para que pagaran”.

También salió a relucir el tema de la recién creada Medimás, que aún no posee contrato con los hospitales públicos, mientras que la autoridades de control están vigilantes de que los pacientes se atiendan con contrato o no.

Desconfianza

Por su parte, Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Hospitales de Antioquia (Aesa), habló sobre la desconfianza en el sistema actual, “las EPS no están funcionando, si miramos en detalle las resoluciones, pasamos a tener del 26% de hospitales públicos en riesgo medio a alto al 40%; confiamos en que el Congreso no maquille más y se avance en una restructuración completa”.

Mónica Tunal, representante de los usuarios del Departamento del  Putumayo, solicitó ante la Comisión una “auditoria desde el nivel central para el Hospital de Mocoa y los otros dos centros de salud, por toda la corrupción que se está viviendo”. Comentó tener pruebas de embargos, pagos que no se habían hecho y denunció varias fallas en el sistema de licitaciones y compras.

Arlex Idrobo, director de la Asociación de Hospitales y Empresas Sociales del Estado del Departamento del Valle del Cauca (Asohosval), advirtió que “el Valle necesita un análisis profundo en cuanto a recaudos y recursos de sus hospitales; vamos a cumplir el primer año de la circular 013 y el comportamiento para los prestadores ha sido nefasto”.

La Supersalud

Por su parte, el Superintendente de Salud, Norman Muñoz, expresó en su intervención que relatando las actuaciones de la Supersalud para conciliar y obligar a las EPS a pagar a los prestadores públicos; lo que a los oídos de los actores, parece un canto a la bandera.

El Superintendente de Salud activó el retrovisor para culpar a los gobiernos anteriores por flexibilizar las normas de operación de los regímenes contributivo y subsidiado. En este sentido, recordó como en el año 1998 se tenía el Decreto 882 que generaba unas reglas juiciosas en materia financiera para EPS, en ese año se flexibilizaron las normas,  se cayó en un error garrafal para el sistema de salud y fue confundir liquidez con solvencia.

Como siempre, el debate a la crisis de la salud, concluyó sin una solución efectiva. Eso sí, cada actor cree tener la razón, mientras que el Gobierno nacional demuestra su ineficiencia frente a un asunto que preocupa a los colombianos.

 

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