En la salud de los docentes, los privilegios no se reflejan en la calidad de los servicios

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El sistema de salud de los docentes en Colombia pertenece a los regímenes  exceptuados por Ley 100 de 1993, es decir que no se aplican las normas que rigen a los servicios de salud del resto de la población, como por ejemplo el plan obligatorio de salud, copagos, cuotas moderadoras, entre otros.

La administración del sistema se realiza a través del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, cuyos recursos son administrados por Fiduciaria La Previsora, entidad que por estos días desarrolla el proceso licitatorio para contratar por cuatro años a los operadores de los servicios de salud en 5 regiones del país.

Frente al gran interés que despierta la licitación de Fiduprevisora,  OpinionySalud.com  hace un análisis de los aspectos diferenciales del servicio de salud de los docentes, más allá de reconocer que tienen una regulación legal distinta a la ley 100 de 1993.

Como primer asunto, en los servicios de salud del Magisterio se juntan las atenciones propias del plan integral de salud, o que equivalen al Plan Obligatorio de Salud, sumadas  aquellas derivadas de los riesgos laborales.

UPC más alta

En cuanto a los temas financieros, los contratos para la prestación de servicios de salud durante los 4 años que se licitan ejecutarán recursos por un valor de 5 billones de pesos, para atender a 838 mil afiliados del régimen especial,  o sea que los docentes no tienen la posibilidad de escoger al asegurador, ni al prestador de sus servicios de salud; esta facultad la tiene Fiduprevisora.

Una de las ventajas del régimen de salud de los docentes frente al contributivo y el subsidiado, es la cantidad de recursos que en cada régimen se destinan anualmente por cada afiliado. Mientras la unidad de pago por capitación, es decir el valor anual que se le reconoce a las EPS por cada afiliado en el régimen contributivo es de 746 mil pesos  anuales y para el régimen subsidiado es de 667 mil pesos; para el régimen especial del Magisterio es de 1.300.000 pesos.

Sin embargo, el mayor valor reconocido por cada afiliados en el sistema de salud del Magisterio, no se ve reflejado en la calidad de los servicios que reciben, por el contrario, son frecuentes las dificultades de accesibilidad en zonas dispersas, así como el hecho de que los prestadores de servicios de salud que se contratan no posee la capacidad resolutiva para ofertar la totalidad de los servicios que demandan los profesores.

Beneficiarios

A esto se suma finalmente las serias irregularidades en la conformación de los grupos familiares de la población afiliada al régimen del Magisterio.

Mientras que en el régimen contributivo por cada cotizante hay 2,3 beneficiarios, en el Magisterio por cada cotizante  hay menos un beneficiario, lo que puede ser un indicador de que los familiares de los docentes están inscritos en otros regímenes de salud y con toda seguridad es en el subsidiado.

Estas situaciones son las que por un lado hacen atractivo el negocio, pero al mismo tiempo dejan ver la debilidad y a la postre la incoherencia entre el papel y la realidad, pues las dificultades de acceso a los servicios de salud del Magisterio no difieren mucho al resto de regímenes que existen en el país.

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