Ley de tamizaje neonatal terminó engavetada y en polémica

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Lo que pudo ser o pretendía ser una ley que permitiera avanzar en materia de atención para las futuras madres colombianas y para el mejoramiento de la calidad de vida de niños en condición de discapacidad por cuenta de enfermedades ligadas al metabolismo, terminó enredada y envuelta en una polémica política y económica que la tiene al borde de ser archivada.

Se trata de la nueva ley de tamizaje neonatal, que después de durar largo tiempo siendo evaluada en el Congreso y ser aparentemente conciliada, acabó en discusiones entre los ponentes, el Ministerio de Salud y hasta el de Hacienda.

Luego de ser aprobada en el Congreso, el equipo jurídico del Ministerio de Salud reveló que los textos que conciliaron Senado y Cámara de Representantes del proyecto de Ley, eran distintos.

El Minsalud comprobó al comparar los textos publicados por la Cámara (Gaceta 494 del 14 de junio del 2017) y el Senado (Gaceta 486 del 14 de junio del 2017) que no son iguales, siendo el segundo el acogido por los conciliadores nombrados por ambas.

La legislación permitiría ampliar las indagaciones clínicas a seis enfermedades metabólicas como la hiperplasia suprarrenal, fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística, hemoglobinopatías y déficit de biotinidasa, además de buscar ceguera y sordera en recién nacidos. Actualmente lo anterior ya se venía realizando para buscar de manera temprana alteraciones en la tiroides.

Según el Ministerio, los textos finales de conciliación en Cámara, excluyen modificaciones que se les hicieron a los artículos 5, 7, 10 y 11, que habían sido concertados con el sector. Entre otras se había acordado que fuera el MinSalud, a través del Instituto Nacional de Salud, la entidad rectora para reglamentar las pruebas de tamizaje, lo cual califica de grave el Ministerio, pues con esta modificación, la práctica de las pruebas de tamizaje quedaría en manos de cualquier laboratorio, que podrían incluir todo tipo de exámenes, incluso innecesarios.

Adicionalmente, el proyecto no ha contado con el respaldo del Ministerio de Hacienda, porque le compromete en adelante al menos 200 mil millones mensuales para atender a las mujeres embarazadas, a quienes se les deberá practicar un examen de prevención durante su gestación.

Polémica con tintes políticos y económicos

Al conocerse la denuncia del Minsalud, el senador de la Alianza Verde Jorge Iván Ospina, quien fue uno de los ponentes, aseguró que la ley ha tenido intereses de sectores privados de la salud, y que los mismos se dieron con la permisividad de la autora de la ley, representante uribista Margarita Restrepo. Y afirmó que habrían “manos perversas con intenciones de privilegiar a laboratorios de garaje o ayudar al Gobierno (quien tenía la intención de objetar la ley)”, lo cual a la postre viciaron el trámite legislativo, es decir, que hubo un cálculo con la intención de hundir la ley.

Pero la polémica se ha atizado luego de que la congresista uribista saliera al paso de las acusaciones de Ospina y responsabilizó a la directora ejecutiva de Fecoder, Marta Herrera, de cambiar los textos, pues fue quien estuvo reunida con asesores de los congresistas que fueron ponentes.

Dijo a medios de comunicación de Medellín que sí fue la autora del proyecto pero que hubo irresponsabilidad de los asesores de los congresistas que permitieron que la impresión y grabación de los escritos finales fueran realizadas por la señora Martha Herrera Olaya, quien no es funcionaria del Congreso de la República.

Y mientras Jorge Iván Ospina anuncia demandas por falsedad en documentos público, quienes se habrían podido beneficiar con esta nueva norma enfrentan la realidad de seguir esperando que se legisle a su favor.

 

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