¿Hay o no un ‘mico’ en el proyecto de ley de Residencias Médicas?

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En los próximos días en la plenaria del Senado se discutirá y votará el proyecto de ley de Residencias Médicas, cuyo propósito es que los profesionales médicos reciban remuneración mientras adelantan su proceso de especialización en hospitales y clínicas. Según lo estipulado en el articulado, las fuentes de financiación provendrán de los recursos destinados a la beca-crédito establecida en el parágrafo 1° del artículo 193 de la Ley 100 y de hasta el 0.5% de los recursos de la cotización recaudados para el régimen contributivo.

Pese a que en su esencia la iniciativa legislativa pretende subsanar una necesidad de los profesionales de la salud, quienes desde hace tiempo reclaman condiciones de trabajo dignas, ésta no ha escapado a  la controversia que se ha generado por cuenta de un supuesto favorecimiento a los hospitales y clínicas.

La ‘manzana de la discordia’ en este asunto ha sido el artículo 12 incluido en el texto que fue radicado el pasado 25 de abril por el coordinador ponente del proyecto de ley, el senador del partido Alianza Verde Jorge Iván Ospina.

Dicho artículo establece un cobro de matrícula para acceder a los programas de especialización, cuyo valor no podrá exceder los costos administrativos y operativos, tanto de la Institución de Educación Superior como de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en donde el residente realiza su labor.

Para diversas agremiaciones médicas -quienes  han acusado a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas de hacer lobby para la inclusión de este artículo- lo anterior se traduce en un ‘mico’ que cambia por completo el espíritu del proyecto, beneficiando a los prestadores.

En diálogo con Opinión y Salud, el director de la ACHC, Juan Carlos Giraldo, negó tajantemente haber ejercido cualquier tipo de presión indebida y manifestó que el actuar del gremio ha sido transparente durante todo el trámite del proyecto.

“Nosotros tenemos un pronunciamiento amplio, integral, completo sobre el proyecto del ley que hicimos en la audiencia pública que se convocó a finales de agosto del año pasado y a través de un documento que se radicó en el Congreso de la República. Creemos que es un proyecto de ley valioso y estamos de acuerdo con la remuneración para los residentes, nos parece que esto les va a dar la tranquilidad para que puedan dedicarse a su proceso de aprendizaje”.

El directivo señaló que en el tránsito del proyecto en el Congreso inexplicablemente apareció un artículo que le permite a las universidades realizar cobros de matrículas, mientras que los convenios docencia-servicio tendrían que ser gratuitos, es decir, se eliminan las contraprestaciones que reciben las IPS por permitir la rotación de residentes.

Giraldo consideró conveniente que se hiciera una revisión a todos los convenios existentes en el país entre universidades y prestadores para analizar todas las variables y posteriormente tomas decisiones con respecto a los ajustes que se deben hacer al valor de las matrículas.

De no ser posible esta revisión, el dirigente gremial propuso que un porcentaje del valor de las matrículas que los residentes pagan a las Instituciones de Educación Superior se destine como contraprestación a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

Lo anterior se justifica en que, si bien las universidades son las que titulan, los hospitales son los espacios de aprendizaje para los residentes y estas entidades incurren en gastos administrativos durante los procesos de capacitación, entrenamiento e inducción de los profesionales médicos, por lo cual el gremio solicita que estos costos les sean reconocidos.

Pero esto es justamente lo que ha generado malestar en las agremiaciones médicas y de residentes, quienes consideran que con su trabajo los prestadores facturan y generan ganancias.

De acuerdo con Carolina Corcho, vicepresidenta gremial de la Federación Médica Colombiana, la inclusión del artículo lo que hace es torpedear una ley que en principio tenía como objetivo eliminar barreras de acceso para los especialistas, tales como los exagerados cobros de matrículas académicas y la ausencia de remuneración, para desviar la atención hacia la financiación de las IPS.

“Si fuéramos rigurosos los hospitales deberían asumir la remuneración de los residentes por el trabajo que realizan, ellos ahorran dinero al no contratar personal. En el proyecto de ley es el Estado el que asume el pago del residente. Tras de que el Estado les pone un trabajador pago, se inventan un ‘mico’ para mirar cómo, por la puerta de atrás, le quitan la remuneración al residente. Eso es mezquino” afirmó.

También calificó como “poco transparente” el hecho de que el texto que se votó en la Comisión Séptima de Senado no es el mismo que se radicó para discusión en la plenaria. En este último se eliminó el parágrafo que establecía que los prestadores tanto públicos y como privados “no podrán cobrar en dinero ni especie a las Instituciones de Educación Superior, por permitir la práctica de los profesionales en formación médico y/o quirúrgica en sus instalaciones” y a su vez se incluyó el mencionado artículo.

Al ser consultado sobre este tema, el senador Jorge Iván Ospina, consideró como una falta de respeto lo expresado por Carolina Corcho: “La categoría ‘mico’ es algo que se involucra en una ley  de último momento, por debajo de la mesa. En nuestro caso jamás se podrá hablar de un mico cuando la discusión y la deliberación de la ley de residencias médicas se ha adelantado con todos los sectores, se han tenido audiencias públicas y se ha escuchado a todos los involucrados”.

En concordancia con lo señalado por la ACHC, el senador Ospina sustentó la inclusión de este artículo en el hecho de que la formación de los residentes genera costos para los hospitales y clínicas.

“Como director de hospital universitario puedo señalar que durante los primeros años de residencia aumentan los tiempos quirúrgicos. La falta de experticia, los mayores tiempos de anestesia, el uso de materiales y los gastos generales hacen que esas instituciones incurran en gastos con el residente” señaló el congresista.

Agregó que los aportes que brindan los profesionales médicos a las instituciones hospitalarias, los cuales se consolidan al final de su proceso de aprendizaje cuando hay una delegación progresiva de funciones, son motivación fundamental por la que se busca que a todos los residentes se les pague.

Sin embargo, desvirtuó el argumento esgrimido por los residentes de que su labor genera lucro a las instituciones hospitalarias: “En muchas ocasiones la factura que viene firmada por un médico residente es glosada y no es pagada. No necesariamente en todo su periodo formativo el residente le aporta a la IPS” sostuvo.

Por su parte, Carolina Corcho aduce que a la fecha no se conocen estudios serios realizados por los hospitales y clínicas sobre los costos de formación de los profesionales médicos, por lo que, a su juicio, las apreciaciones de la ACHC carecen de fundamento.

“El único estudio que existe demuestra que el trabajo de los residentes les genera ganancias” indicó la dirigente en alusión a un informe elaborado por el Hospital Universitario San Ignacio, sobre la estimación de los costos de la docencia que data de 2007, el cual concluye que el trabajo de los residentes le permitió a la entidad un ahorro en gastos de personal de más de 3.600 millones de pesos por año, mientras que los beneficios económicos superaron los mil millones de pesos.

Entre tanto, en la comunicación enviada al Congreso de la República el pasado 25 de abril, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas sostiene que, de acuerdo con información reportada por instituciones de mediana y alta complejidad, los costos derivados de la formación de los residentes corresponden a actividades de docencia y supervisión, procesos de entrenamiento, cubrimiento de curvas de aprendizaje, inversiones para la disposición, adecuación y dotación de espacios físicos destinados para la capacitación y áreas de descanso, aumento en el consumo de insumos, costo del tiempos dedicado por los especialistas para la formación del residente, entre otros que se enumeran en la misiva.

¿Se hundirá el proyecto de ley?

Las organizaciones médicas insisten en que de persistir este artículo, daría al traste con todo lo logrado hasta el momento y la iniciativa se hundiría en la discusión de la plenaria del Senado. Al respecto, el senador Ospina aseguró que sería desafortunado que se lograra conseguir 180 mil millones del erario público para garantizar la remuneración de los residentes y que por una lectura inapropiada del tema se convoque al hundimiento del proyecto.

En todo caso, la Federación Médica Colombiana, Anir, Asmedas, las Sociedades Científicas, Acome y el Colegio Médico Colombiano, emitieron en las últimas horas un comunicado a la opinión pública en el que sientan su posición su rechazo por lo que consideran un enriquecimiento de las IPS privadas y le solicitan al Senado presentar una proposición modificatoria para que la plenaria apruebe el texto que fue votado en la Comisión Séptima de esa Corporación.

“Las clínicas y hospitales no tienen nada que perder si se elimina este artículo, esto no afectará en nada su situación financiera. En cambio su interferencia si acaba con la posibilidad de que se formen médicos especialistas en Colombia” puntualizó Corcho.

La posición de Ascofame

En principio el proyecto de ley de Residencias Médicas que inició su trámite en la Cámara de Representantes estipulaba que se debía eliminar el cobro de matrículas a los residentes. Cuando la iniciativa fue aprobada en la plenaria de la Cámara y pasó a la Comisión Séptima de Senado, se incluyó el famoso artículo que establecía que las universidades públicas y privadas no podrían cobrar por concepto de matrículas un valor superior al de los costos administrativos y operativos establecidos para cada programa de especialización médico-quirúrgica.

Así mismo, se fijó el parágrafo que ordenaba que tanto los hospitales públicos como privados no podrían cobrar contraprestaciones por permitir las prácticas de los profesionales médicos en formación.

El presidente de Ascofame, Gustavo Quintero, al ser consultado por este medio señaló que en la audiencia pública llevada a cabo en agosto del año pasado en la que intervinieron todos los actores involucrados en el trámite de la iniciativa, logró demostrar que era imposible eliminar el cobro por parte de  las universidades.

“Las matrículas se corresponden con los costos exigidos por el Ministerio de Educación. En ese debate logramos introducir el parágrafo en el cual quedaba establecido que el valor de la matrícula equivaldría a los costos administrativos y operativos que determina el Ministerio” explicó Quintero.

Agregó que la eliminación del parágrafo que estipula el no cobro de contraprestaciones por parte de los hospitales encarecerá las matriculas entre 30 y 70 por ciento: “Las matrículas valdrían más porque habría que calcular cuánto vale cada insumo y elemento que utiliza el residente para desarrollar su trabajo”.

Para el presidente de Ascofame los gastos en los que incurren los prestadores por el proceso formativo de los residentes no superan el 15 por ciento de lo que puede ocasionar un costo intrahospitalario. “Lo que ellos tienen que ver es cuánto les genera el residente en facturación. No es justo que el profesional que va a ganar tres salarios mínimos de sueldo se los tenga que pagar al hospital donde trabaja, produce y factura” indicó.

Llamado a la calma

Una vez divulgado el comunicado de la Gran Junta Médica Nacional, en el que rechazan la modificación a la ponencia del proyecto de ley de Residencias Médicas, el debate alcanzó tal magnitud que el senador Jorge Iván Ospina afirmó a través de su cuenta de Twitter que denunciará ante la autoridad competente a la vicepresidente gremial de la Federación Médica por injuria y calumnia:

 

 

De otra parte, y en vista de que el proyecto de encuentra ad portas de ser votado, desde las redes sociales también han empezado a surgir voces que convocan al diálogo para sacar adelante la iniciativa:

 

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